Criminalización de cinco personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en Chiquimula

El 30 de septiembre de 2021, el Juzgado de primera instancia de Chiquimula ligó a proceso a cinco personas defensoras de derechos de los pueblos indígenas, tres de ellas integrantes del Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. María Mendez, Bernardino Pérez, Juan Agustín, Santos Gerónimo Ramos Méndez y Rosa Margarita Pérez Canán permanecerán en arresto domiciliario mientras transcurren las investigaciones por parte del Ministerio Público.

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María Méndez, Bernardino Pérez y Juan Agustín son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas e integrantes del Consejo Indígena Maya Ch'orti' de Olopa del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula. El Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa es una organización ancestral y propia de los pueblos que defienden la tierra y el territorio de actividades económicas extractivas, reivindica y promueve bajo su propia autonomía los derechos individuales y colectivos del pueblo Maya Ch’orti'. Desde el año 2016 varias comunidades hacen una resistencia pacífica a la empresa minera Cantera Los Manantiales.

El 30 de septiembre de 2021, a las 10 de la mañana, las autoridades indígenas María Méndez, Bernardino Pérez y Juan Agustín, así como el defensor y la defensora de derechos humanos Santos Gerónimo Ramos Méndez y Rosa Margarita Pérez Canán se presentaron a una citación para declarar ante el órgano judicial de la cabecera municipal de Chiquimula. Al presentarse ante el juez, se les reveló que fueron citados bajo la falsa premisa de que debían declarar en un caso distinto y en el lugar se les informó de una orden de detención emitida en su contra por un juez de Primera Instancia Penal del departamento de Chiquimula. Las cinco personas defensoras de derechos humanos fueron entonces detenidas por las autoridades, pero no se les informó inmediatamente de los motivos de su detención.

La defensora Rosa Margarita Pérez Canán fue separada de sus hijas, quienes aún se encuentran en etapa de lactancia. Las menores fueron trasladadas sin acompañamiento de familiares al municipio de Olopa por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). A las 7 pm se realizó la audiencia de primera declaración en donde se les dictó a las cinco personas defensoras de derechos humanos ser liberadas bajo arresto domiciliario mientras transcurren los tres meses de investigaciones que se le otorgaron al Ministerio Público.

De acuerdo al Consejo Indígena Maya Ch’orti’ de Olopa, la denuncia en la que se acusa a las y los defensores de derechos humanos de detenciones ilegales habría sido presuntamente presentada por los propietarios de las tierras donde se encuentra la empresa minera Cantera Los Manantiales. Se cree que la denuncia es una represalia a una queja presentada por el Consejo Indígena el 1 de julio de 2021, en la que denunciaban actos de violencia por parte de los propietarios de las tierras en contra de las y los defensores de los derechos humanos que se resistían pacíficamente a los proyectos mineros en la zona. La denuncia fue enviada por el Consejo Indígena a la PNC y a la Procuraduría de Derechos Humanos. Las denuncias del Consejo Indígena no han sido atendidas hasta la fecha.

Front Line Defenders expresa su preocupación ya que la detención y el procesamiento de las cinco personas defensoras de derechos humanos parecen estar directamente relacionadas a su trabajo de defensa de los derechos humanos, en particular a su defensa de la tierra y el territorio ligado a su lucha pacífica en contra de la minera Cantera Los Manantiales. Front Line Defenders expresa preocupación por el uso de acusaciones infundadas contra las personas defensoras de los derechos humanos, que se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en Guatemala.